Boletín nº10 Octubre 2010
 

       
Sanciones a entidades privadas
 

Las sanciones publicadas por la AEPD, corresponden al mes de Mayo. Durante este período, la Agencia ha abierto 56 expedientes sancionadores.

La recaudación total de la AEPD durante este mes asciende a 1.355.029,25 €.

 

 

Vodafone España, SAU

Con fecha 23/01/2009 tuvo entrada en la AEPD un escrito de la Unión de Consumidores de (.......) – UCE (en lo sucesivo Unión de Consumidores), en representación de su asociado D. A.A.A. (en adelante el denunciante) en el que denunciaba a Vodafone España, S.A.U. por la presunta vulneración de la normativa de protección de datos de carácter personal.

La Unión de Consumidores expone que el día 22/12/2008 el denunciante accedió a la página web de Vodafone y que, al acceder a la opción “Mi Vodafone” para acceder a sus cuentas de teléfono, pudo visualizar en la pantalla datos de otros clientes de la operadora, que variaban cada vez que accedía a la citada opción. Preocupado por la posibilidad de acceder a datos personales de terceros el denunciante llamó inmediatamente al Servicio de Atención al Cliente de la operadora para comunicarles la incidencia, sin que haya obtenido una respuesta de ésta.

Los datos a los que el denunciante tuvo acceso incluían el nombre y apellidos del titular de contrato, su DNI o NIF, número de pasaporte, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de teléfono móvil, número de teléfono fijo, dirección postal completa y, en ocasiones, su dirección de correo electrónico.

Con la denuncia se aporta documentación en apoyo de la misma, que incluye impresiones de pantalla de las consultas citadas.

Vodafone alego que conocía el problema ocurrido y que era, debido a un problema puntual que ocurrió en los sistemas de su proveedor Indra, que presta, entre otros, los servicios de desarrollo, puesta en producción y mantenimiento 24 x 7 del canal “Mi Vodafone”. Dicha incidencia fue subsanada de forma inmediata. Asimismo, a raiz de esta incidencia y como consta acreditado en un anejo al acta de inspección, Vodafone solicitó a Indra que implantara una serie de medidas adicionales tendentes a evitar en el futuro circunstancias análogas, mediante la realización de una serie de pruebas rigurosas que eliminen riesgos de cara a la puesta en producción de los nuevos cambios.

El artículo 9 de la LOPD establece el “principio de seguridad de los datos” imponiendo la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que garanticen aquella, añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar, entre otros aspectos, el “acceso no autorizado” por parte de terceros.

Con independencia de que la operadora valore los hechos denunciados como una incidencia puntual, hay que tener en consideración que la obligación de seguridad de los datos que impone el artículo 9 de la LOPD es una obligación de resultado, lo que implica que la entidad denunciada debió adoptar todas las medidas necesarias para impedir que los clientes que accediera al portal “Mi Vodafone” accedieran a datos de terceros. Tales medidas no fueron adoptadas totalmente en el presente caso, como lo acredita la documentación aportada por el denunciante y el contenido del acta de inspección y las anotación recogidas en el Registro de Incidencias de Seguridad, incluso la actuación de Vodafone y de Indra, con posterioridad a tener conocimiento de la incidencia, que evidencia que el problema hubiera sido evitable.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la entidad Vodafone España, S.A.U. , por la infracción del artículo 9 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 100.000 €.





Lidl Supermercados SAU

Tuvo entrada en la AEPD un escrito de D. A.A.A., en el que declara que la cadena de supermercados "LIDL" y, en concreto, el establecimiento sito en la (C/.............................), no cumple la normativa reguladora sobre videograbaciones y derechos de los ciudadanos al respecto. Manifiesta que en los carteles informativos, únicamente se ve la leyenda "Sistema video grabación" puesta bajo un monitor que hay en el pasillo de entrada a la zona de compra y, donde se visualizan imágenes que graba alguna cámara. En el resto de la tienda no es visible ningún tipo de aviso o letrero al respecto de las grabaciones, ni derechos de los ciudadanos a su acceso.

La representación de LIDL manifiesta que las cámaras de videovigilancia instaladas en la tienda están ubicadas en los siguientes puntos: sala de ventas, tanto en pasillos como en zona de caja, almacén y oficina, y que la finalidad de sus instalación fue controlar todos los accesos del centro, garantizar la seguridad tanto de clientes como de trabajadores de la empresa, y prevenir, controlar y detectar hurtos, robos y otros posibles delitos; Que los carteles informativos se encuentran colocados en los siguientes puntos de la tienda: puerta de entrada de clientes, muelle del almacén y debajo de un monitor situado en la entrada de la tienda. Asimismo aporta cláusula informativa a disposición de cualquier persona que lo solicite.

La empresa que realizó la instalación de las videocámaras es Siemens Building Technologies Security, S.A., con la que tienen suscrito un contrato del que aportan copia con objeto de la prestación del servicio de instalación, mantenimiento y explotación de centrales de alarma. Asimismo, aportan copia de la resolución del Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la que se desprende que Siemens Building Technologies Security, S.A. se encuentra inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad, con el número de inscripción ***.

De las fotografías aportadas por el denunciante se desprende que el comercio denunciado dispone a la entrada del mismo, de un monitor que reproduce las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, estando disponible su visualización al público.

A la vista de tal circunstancia se señala que aunque el tratamiento de los datos de las personas cuyas imágenes eran captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el interior del Supermercado se encontrara habilitado por la Ley de Seguridad Privada, este hecho no autorizaría a la visualización de las imágenes en la forma en que se producía en la fecha de los hechos denunciados, al no ser proporcional al fin perseguido, por lo que se ha producido la vulneración del artículo 4.1 de la LOPD.

El artículo 4.1 de la LOPD consagra el “principio de pertinencia en el tratamiento de los datos de carácter personal”, que impide el tratamiento de aquellos que no sean necesarios o proporcionados a la finalidad que justifica el tratamiento, debiendo restringirse el tratamiento de los datos excesivos o bien procederse a la supresión de los mismos. En consecuencia, el tratamiento del dato ha de ser pertinente y no excesivo en relación con el fin perseguido. Únicamente pueden ser sometidos a tratamiento aquellos datos que sean estrictamente necesarios para la finalidad perseguida. Por otra parte, el cumplimiento del principio de proporcionalidad no sólo debe producirse en el ámbito de la recogida de los datos, sino que además debe respetarse en el posterior tratamiento que se realice de los mismos.

En este supuesto se ha probado que las imágenes captadas por las cámaras que integraban el sistema de videovigilancia podían ser visionadas en tiempo real por cualquier persona que accediera al establecimiento a través del monitor colocado en la entrada del local al que estaban conectadas las citadas cámaras, siendo visionadas también por cualquier persona que se acercara al lugar en que estaba emplazado dicho dispositivo. El referido monitor, permitía que las imágenes recogidas se visualizaran en tiempo real. Por lo tanto, dicho tratamiento ha supuesto una vulneración del principio de proporcionalidad previsto en el artículo 4.1 de la LOPD, habida cuenta que la exposición de las imágenes captadas en la forma descrita en modo alguno puede considerarse como proporcionado y necesario, para la finalidad de seguridad y vigilancia pretendida ni responde, tampoco, a una intervención mínima en lo que respecta a los derechos a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal de los afectados por dicho tratamiento.

Por consiguiente existe un tratamiento excesivo y no proporcional de las imágenes en
relación con el ámbito y las finalidades que podrían justificaban su recogida, toda vez que la seguridad pretendida podría haberse obtenido por medios menos intrusivos para la intimidad de las personas afectadas, en todo caso habilitando a personas concretas (usuarios autorizados) que tuvieran acceso a las imágenes en forma controlada.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la entidad Lidl Supermercados S.A.U, por la infracción del artículo 4.1 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 6.000 €.




D. A.A.A.

Tuvo entrada en la AEPD un escrito de D. B.B.B., en el que declara que es cliente de la entidad denunciada de la que recibe publicidad personalizada por correo electrónico. El 25 de febrero de 2009 recibió un correo de la entidad denunciada en la que ofrece publicidad de uno de sus productos, incluyendo su correo electrónico junto con el de otros clientes.

En la comunicación electrónica recibida por el denunciante, aparecen direcciones de correo con nombres y apellidos tales como H.H.H.0., H.H.H.1., H.H.H.2., H.H.H.3., H.H.H.4., H.H.H.5., H.H.H.6., H.H.H.7, H.H.H.8., H.H.H.9., H.H.H.10., H.H.H.11., H.H.H.12., H.H.H.13., H.H.H.14, H.H.H.15.

El correo fue remitido a 45 destinatarios, todos ellos clientes de A.A.A. que en el momento de recibir la comunicación habían consentido en ello. Los cuales tuvieron a su disposición los datos personales y direcciones de los otros destinatarios.

La representación de A.A.A. presentó alegaciones en el sentido de que el correo electrónico no es un dato personal y entonces la LOPD y su normativa de desarrollo no pueden ser aplicadas. Sin embargo no puede olvidarse que en gran parte de los correos electrónicos que se enviaron contienen nombres y apellidos, y en otros contienen iniciales y texto del que es posible deducir nombres y apellidos.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de mayo de 2004” considera que la dirección del correo electrónico del que es titular una persona física (…) constituye un dato personal, porque, con independencia de que la denominación de la dirección corresponda o no con el nombre y apellido de su titular, país o empresa en la que trabaja, lo cierto es que se puede, mediante una operación nada difícil, identificar perfectamente a una persona física, ya que esa dirección del correo electrónico aparecerá vinculada a un dominio concreto, por lo que sólo será necesario consultar al servidor en que se gestione dicho servicio”, reiterando que en su Sentencia de 27 de octubre de 2004 consideró dato personal el número del DNI “ que en principio no tiene aparente relación externa con el nombre y apellido de su titular”.

El artículo 10 de la LOPD, establece:

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la entidad D. A.A.A. , por la infracción del artículo 10 de la LOPD, tipificada como leve, una multa de 6.000 €.