Boletín nº10 Octubre 2009
 

       
Noticias de prensa
 
La moda de la videovigilancia multiplica las multas por violar la intimidad del ciudadano.
 

 

Fuente: El Ideal

La Agencia Española de Protección de Datos redobla el cuerpo de inspectores para luchar contra la falta de adaptación a la normativa.

El ciudadano tiene derecho a exigir por qué se le graba y que su imagen se elimine.

Mínimo, el doble de lo que vale un dispositivo básico si son sancionados por violar el derecho a la intimidad y la propia imagen del ciudadano de a pie al no estar adaptados a la normativa que regula el tratamiento de esta información personal. Y es que cada vez están siendo multados con mayor frecuencia.

Expertos juristas en Ley de Protección de Datos (LOPD) auguran un incremento considerable de las multas impuestas por la Agencia Estatal dedicada a velar por este derecho (AEPD) ante el desconocimiento generalizado que existe sobre la obligación de legalizar estos sistemas. Hasta hace poco, la actividad del citado organismo era escasa, casi simbólica. Pero cada año, desde hace tres, ha convocado oposiciones para ampliar el cuerpo de inspectores y ya ha dado resultados. En el último, la Agencia ha incrementado en toda España su actividad sancionadora en un 50%.

Sanciones

En el último año se realizaron en todo el país 1.300 de este tipo de inspecciones a petición popular.

Las comunidades de vecinos y las pequeñas empresas son los colectivos más sensibles a ser denunciados y sancionados en esta nueva etapa.

La falta de conocimiento de la ley lleva en ocasiones a la falsa creencia de que esto de cumplir con la protección de datos es poner un par de cláusulas aquí y allá e inscribir unos ficheros en 'no-se-qué' registro. Esta misma falta de conocimiento pone en una delicada situación a colectivos, como comunidades de propietarios, establecimientos públicos e incluso ayuntamientos, pues el impresionante crecimiento de instalación de estos sistemas lleva a incumplimientos públicos y notorios de la ley.

La ley ampara a cualquier persona a exigir que su imagen, protegida por la ley, sea eliminada del disco duro que almacene las grabaciones. Sea por la razón que sea, el ciudadano tiene derecho a exigirlo en cualquier lugar.

Pero el colectivo más susceptible de acabar sancionado es el compuesto por las comunidades de vecinos. Muchas recurren a las cámaras para velar por la seguridad de espacios comunes amplios y lo cierto es que ninguna, o casi ninguna, ha dado los pasos para inscribir los ficheros del sistema y completar la adecuación de los mismos a la normativa.

Las sanciones por no cumplir la normativa a rajatabla pueden oscilar entre los 600 y los 60.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.

La adaptación a la Ley de Protección de Datos por parte de numerosas empresas e instituciones que manejan una cantidad ingente de información personal -clínicas, despachos de abogados, bancos, etc.- es un campo en el que queda mucho camino por recorrer.