Petróleos del Norte, SA
El Comité De Empresa de PETROLEOS DEL NORTE, S.A. denuncia que los servicios médicos de las empresas del GRUPO REPSOL tienen acceso a los informes médicos de los trabajadores y trabajadoras de PETRONOR, vulnerando la LOPD. El Comité de Empresa solicitó, a la Dirección de Recursos Humanos de PETRONOR, una rectificación de esa situación, para evitar que los servicios médicos de Repsol pudieran acceder a toda esa información.
El Comité de Empresa en su denuncia aporta copia de la auditoría realizada a los sistemas de prevención de riesgos laborales de PETRONOR por una empresa externa, TÜV Internacional Grupo TÜV Rheinland. En esa auditoría se expone: “Áreas de Mejora. En la opinión del equipo auditor, las áreas en las que la empresa debería perfeccionar su sistema de prevención de riesgos laborales de acuerdo con la legislación vigente son: (...) 4. El Servicio Informático debe garantizar la inviolabilidad e inaccesibilidad por personas ajenas al Servicio Médico de Petronor (aunque pueda pertenecer al Grupo Repsol YPF), de toda la información médica confidencial almacenada en el Equipo Informático del Servicio.”
Según manifiestan los representantes de la entidad, “para la gestión de los datos médicos de todos los empleados, tanto del grupo (REPSOL YPF) como de sus empresas filiales (entre ellas PETRONOR ) se utiliza un sistema informático centralizado e integral, basado en la aplicación informática comercial “WINMEDTRA”. El personal médico de REPSOL YPF, perteneciente al servicio de Prevención mancomunado central, tiene privilegios de acceso para consultar el historial clínico de cualquier trabajador de cualesquiera entidades que conforman el grupo REPSOL YPF, entre ellas PETRONOR, al objeto de consolidar datos para la realización de estudios epidemiológicos así como para cubrir cualquier percance sanitario del personal que se desplaza a los edificios centrales de Madrid, bien de forma permanente o temporal.”
El artículo 9 de la LOPD, dispone:
“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
Petronor debió adoptar las medidas necesarias para impedir cualquier tratamiento o acceso no autorizado a los datos de salud de sus trabajadores, información de la que es responsable el Servicio de Prevención Propio de la empresa. Tales medidas no se han adoptado en el presente caso, como lo acredita el hecho de que los servicios médicos de Repsol acceden a la totalidad de dicha información.
A este respecto, la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 22 establece:
“1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo...
2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
4. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.”
Estas previsiones legales excluyen plantear el acceso por parte de los Servicios médicos de Repsol a los datos de los trabajadores de Petronor como algo “necesario”, aludiendo a un genérico “personal médico” ni está impuesto por la normativa de Prevención de riesgos laborales como puede comprobarse.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la entidad
Petróleos del Norte, S.A. , por la infracción del artículo 9.1 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de
60.101,21 €.
Seguros Catalana Occidente, SA
Tuvo entrada en la AEPD un escrito de la denunciante en el que declara que le ha sido usurpada su personalidad para contratar un seguro de vida y ahorro con CATALANA DE OCCIDENTE, así como los datos bancarios para proceder a los pagos mensuales del citado seguro que en ningún momento han sido facilitados para dicho fin, máxime cuando no ha procedido a dicha contratación.
CATALANA DE OCCIDENTE manifestaba al requerimiento de información solicitado por la AGPD que:”…a fecha de la presente, no constan datos de la Sra. A.A.A. en nuestra base de datos, ni se conserva documentación alguna respecto de la misma”.
CATALANA DE OCCIDENTE en periodo probatorio ha aportado copia de las Condiciones Particulares del Seguro de Vida Universal Multiahorro, Jubilación Variable, póliza nº *+*+*+*+*, manifestando la entidad que:”… quedo bloqueado al conocerse por parte de esta Compañía la queja de la reclamante…”.
En escrito de fecha 04/02/2010, CATALANA DE OCCIDENTE ha manifestado que “Que en la emisión de la póliza intervinieron dos personas: El ex agente exclusivo B.B.B., que figura como mediador de la póliza…El ex empleado C.C.C., con cuyo código interno constan introducidos en el sistema los datos personales de la denunciante
Asimismo consta en el escrito anterior que “Como consecuencia del conocimiento por parte de la Compañía de toda una serie de irregularidades, entre las que figura, precisamente, la introducción de los datos de la reclamante en el sistema informático, para la emisión de una póliza no solicitada:
a) El Sr. B.B.B. fue cesado…
b) El Sr. C.C.C. dejo de prestar servicios para la Compañía…
c) Los datos de la reclamante han sido bloqueados.
d) El recibo no se llegó a cobrar…”
En el presente caso, de las actuaciones practicadas ha quedado acreditado que CATALANA DE OCCIDENTE vulneró el artículo 6.1 de la LOPD al efectuar un tratamiento de los datos de la denunciante sin su consentimiento, como así lo reconoce la propia entidad aseguradora al declarar la existencia de una serie de irregularidades en la introducción de los datos de la denunciante en el sistema informático de la entidad, para la emisión de una póliza no solicitada, por lo que la actuación de la citada entidad es merecedora de sanción. No obstante, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el presente caso, especialmente el hecho de que CATALANA DE OCCIDENTE tan pronto tuvo conocimiento de los citados hechos procedió con celeridad adoptando las medidas oportunas frente a las personas causantes de los mismos, cesando al agente exclusivo, desvinculando al empleado de la compañía y bloqueando los datos irregularmente introducidos en su sistema informático; hechos estos de difícil detección y cuya situación fue subsanada de manera inmediata una vez conocido los hechos denunciados, sin que se le causara ningún perjuicio económico a la denunciante; los procedimientos y medidas internas adoptados por la entidad en materia de formación y de protección de datos de carácter personal, estableciendo las funciones y obligaciones de su personal con acceso a datos de carácter personal y el que no se trate de una actuación reincidente, es por lo que cabe apreciar circunstancias que suponen la existencia de una disminución cualificada de la culpabilidad por parte de CATALANA DE OCCIDENTE, lo que permite la aplicación en el presente supuesto, del artículo 45.5 de la LOPD, aplicándose, por lo tanto, la sanción de “la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate”.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la entidad Seguros Catalana Occidente, S.A., por la infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 6.000 €.
La Policía Municipal de Madrid comunicó a la AEPD una posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 por la existencia de cámaras de videovigilancia en el establecimiento con denominación comercial “EL RODEO” sito en (C/.......................) cuyo titular es D. A.A.A.
En su informe la Policía manifiesta que durante la inspección realizada al citado establecimiento “se observan tres cámaras de video vigilancia, dos de ellas camufladas en el interior del cartel luminoso colocado sobre la puerta del local, de tal manera que enfocan a cada lado de la acera de la entrada al mismo, la otra en el pequeño hall de entrada. Una vez en el interior y dentro de la barra existe un monitor de pequeñas dimensiones donde se reproducen las imágenes que provienen, tanto del exterior, como la del interior, sin poder precisar si se realiza grabación de las mismas. (...)
También manifiesta la Policía “que no presenta la autorización correspondiente, ni documentos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999. Asimismo se significa que en dicho establecimiento no existe un distintivo exigible para que tengan conocimiento los clientes del establecimiento de la presencia de cámaras de video vigilancia, como así viene recogido en la Ley Orgánica 15/1999”, ni consta autorización gubernativa para la instalación de cámaras en el exterior del establecimiento.
Queda constatada la ausencia de cartel informativo de la existencia del sistema de videovigilancia, al que hace referencia el artículo 3. a) de la Instrucción 1/2006. Por lo tanto no consta acreditado que el denunciado como titular del establecimiento, informara a los clientes de “modo expreso, preciso e inequívoco” a fecha de los hechos denunciados, sobre el sistema de videovigilancia, toda vez que no consta procedimiento alguno que acredite que tal información se haya llevado a cabo en los términos legalmente requeridos. En consecuencia el denunciado en el presente procedimiento, ha infringido el artículo 5 de la LOPD.
También cabe apreciar que las cámaras instaladas por el denunciado en la vía pública captaban imágenes de personas. Dichas imágenes, incorporaban datos personales de las personas que se introducían dentro de su campo de visión y, por lo tanto, esos datos captados están sometidos al consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina el artículo 6 de la LOPD. No ha quedado acreditado queel sistema de D. A.A.A. en el bar EL RODEO estuviera acogido a las disposiciones de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, por lo que el tratamiento de los datos recogidos en la vía pública carece de habilitación legal.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la entidad. D. A.A.A., por la infracción del artículo 5 de la LOPD, tipificada como leve, una multa de 1.500 €. y por la infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 2.000 €.