Boletín nº11 Noviembre 2010
 

       
Legislación y jurisprudencia
 
Informe del cumplimiento de la LOPD en Hospitales.
 

 


Pérdida de historiales clínicos, datos de salud abandonados en la vía pública, intercambio de datos de pacientes a través de redes P2P,… Constatamos, una vez más, las deficiencias en la implantación de medidas de seguridad en Centros Sanitarios.

La Agencia Española de Protección de Datos, motivada por el incremento de denuncias relacionadas con el sector de la sanidad, envío en el mes de abril requerimientos de información en materia de protección de datos a 605 Centros Sanitarios, públicos y privados. Y ha sido a mediados de este mes de octubre cuando se ha presentado el informe resultante del estudio de los 562 requerimientos atendidos.

Del análisis de los cuestionarios enviados se deduce, principalmente, que el nivel de cumplimiento de exigencias legales en materia de protección de datos es menor en los Centros Sanitarios públicos que en los privados.

Como datos más reseñables de este estudio mencionamos que:

Un 75% de los Centros Sanitarios públicos no comprueban que el personal autorizado utilice los datos para la finalidad que justificó su acceso inicial.

Un 66% de los Centros Sanitarios públicos no cumplen con la auditoría bienal obligatoria.

Un 30% de los Centros Sanitarios públicos carecen de medidas para evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la documentación durante su traslado.

Y sólo un 34% de los Centros Sanitarios públicos aplican procedimientos de disociación de datos personales cuando éstos son cedidos a terceras entidades.

Tras el análisis de los resultados obtenidos, un total de 202 Centros Sanitarios (159 público y 43 privados) han sido instados mediante requerimientos a subsanar las deficiencias que presentan sus centros en el plazo de 6 meses.

Si estos errores no son enmendados, se aplicará una sanción que variará en función de la naturaleza pública o privada del centro.

Los Centros Sanitarios privados serían sancionados con multas de entre 300.000 y 600.000 € y los Centros Sanitarios públicos se encomendarían al Defensor del Pueblo para que éste resolviera sobre el asunto.

Respecto a los 43 Centros Sanitarios, que no atendieron al requerimiento inicial de la Agencia Española de Protección de Datos, serán remitidos al Órgano encargado de la función inspectora y sancionadora, pudiendo incurrir en sanciones económicas que van desde los 60.000 a los 300.000 €.