Quotatis España SL
Con fecha de 3 de diciembre de 2010 tuvo entrada en la AEPD un escrito de A.A.A. en el que declara que pese a haber contactado con la empresa QUOTATIS ESPAÑA, S.L. en varias ocasiones para que no le envíen correos, continúa recibiéndolos semanalmente.
Los inspectores de la Agencia mostraron al representante de QUOTATIS las siete comunicaciones comerciales que el denunciante manifiesta haber recibido, manifestando que dichas comunicaciones han sido remitidas por QUOTATIS siguiendo el procedimiento que tienen establecido y que la dirección de email ha sido obtenida de los repertorios públicos accesibles a través de internet sin poder concretarlo
La LSSI, en su artículo 21.1, prohíbe de forma expresa “el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas”. Es decir, se desautorizan las comunicaciones comerciales dirigidas a la promoción directa o indirecta de los bienes y servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, si bien esta prohibición encuentra la excepción en el segundo párrafo del citado artículo, que autoriza el envío cuando “el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que fueron objeto de contratación”. De este modo, el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas, fuera del supuesto excepcional del art. 21,2 de la LSSI, puede constituir una infracción leve o grave de la LSSI.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a
Quotatis España SL por la infracción del artículo 21.1 de la LSSI, tipificada como leve, una multa de
30.001 €.
Mcodigo SL
Con fecha 15/12/10 de diciembre de 2010, tuvo entrada en la AEPD un escrito del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad en el que denuncia la instalación de cámaras de videovigilancia en el establecimiento con denominación comercial Codigo, sito en la c/ San Sinesio nº 4 de Madrid.
Se adjunta a la denuncia Acta de Inspección levantada ante dicho establecimiento, el día 31/10/10, en la que se manifiesta lo siguiente:
- Que hay instalada una cámara de video vigilancia con grabación de datos sin acreditar estar inscrito en el correspondiente Registro.
- Que si bien existen carteles anunciadores de “zona video vigilancia” no hay mención expresa ni identificación del responsable ante quien pueden ejercitarse los derechos a los que se refieren los artículos 15 y ss. de la LOPD. Así mismo no existían folletos informativos con la información a la que hace referencia el art. 5 de la LOPD.
Anteriormente, constaba una resolución de Archivo de Actuaciones, dictada por el Director de la Agencia de Protección de datos de 2/12/09, abierta en base a una denuncia presentada por la existencia de una cámara de video vigilancia en el establecimiento “Bar Código”. Dicha cámara fue retirada por lo que se procedió a archivar las actuaciones abiertas.
Intentada la notificación del Acuerdo de Inicio con fecha 27/10/11, no se pudo realizar la misma por figurar el destinatario como “desconocido”.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a Mcodigo SL por la infracción del artículo 5 de la LOPD, tipificada como leve, una multa de 2.300 € y por la infracción del artículo 26 de la LOPD, tipificada como leve, una multa de 1.200 €
Asesoría Jurídica María
Con fecha 11/08/2011 tuvo entrada en la Aepd una denuncia de D. C.C.C., frente a la Asesoría Jurídica ubicada en c/ B.B.B. de Peligros, en Granada, manifestando haber mantenido relación contractual con la “Asesoría Jurídica María A.A.A.” hace unos meses, y haber efectuado consulta en la web de la Agencia buscando ficheros inscritos, sin hallar fichero alguno.
A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los Servicios de Inspección de la Aepd se solicitó información al Registro de la Agencia sobre ficheros inscritos con parámetro de A.A.A., teniendo conocimiento el 8/09/2011 de que no hay ningún fichero inscrito.
El envío a la denunciante no fue entregado, constando la anotación del servicio de Correos de “desconocido”, por lo que se remitió escrito al denunciante con el fin de que proporcionara algún domicilio para que fuera notificada. , adjuntando respuesta en correo electrónico de 6/09 en el que manifiesta que por error había proporcionado el domicilio correcto pero en otra localidad, también aporta una minuta de 22/03/2010 por los servicios prestados figurando en el membrete A.A.A. Consuegra-Abogada, los datos de los clientes y sus CIF. No obstante, en esta nueva dirección tampoco se pudo entregar, figurando la anotación “desconocido.marchó”.
Con fecha 23/11/2011, se recibe escrito por correo electrónico de R. TERUEL ABOGADOS, indicando que es la denunciada, dando su dirección, que no coincidía con la que el denunciante había proporcionado y señalando que se pone en contacto al “enterarme a través de un conocido que se me ha abierto un expediente sancionador según se publica en el BOE”. Con fecha 23/11 se le contestó identificando el número de procedimiento y recomendando solicitara copia del expediente.
Con fecha de entrada de correo electrónico de 7/12/2011, y de entrada en el Registro de la Agencia de 15 la denunciada alega:
1) No es correcto y hay un defecto en la legitimación pasiva, en cuanto a que se dirige el procedimiento frente a María A.A.A. (Asesoría Jurídica), pues es Abogada Colegiada y no tiene ni ha formado parte de ninguna Asesoría Jurídica o Sociedad.
2) No ha creado ficheros automatizados de clientes ni tiene soporte físico de datos o de clientes susceptibles de tratamiento. La simple constancia de nombre no supone tal.
3) El denunciado fue cliente suyo y le interpuso una denuncia ante el Colegio de Abogados de Granada. El denunciante tuvo que abonar la minuta cuya copia aporta, “por mandato judicial “acordado en un procedimiento judicial público que hubo de interponer contra él, ante la negativa a abonar los honorarios “que devengué en su nombre y en el de su socia”.
Los Abogados en su trabajo habitual manejan datos de carácter personal de personas físicas, de personas físicas que desempeñan actividades mercantiles o profesionales, de empresas, etc., que desarrollan actividades, los datos configuran un fichero en tanto que es documentación ordenada y estructurada con arreglo a un fin. El denunciado posee datos del denunciante estructurados, ordenados, pues conoce los servicios que el denunciante abonó, y los que restan por abonar, las fechas de abono fruto del desarrollo negocial entre partes, conviniendo en que dispone de sus datos que se integran en un fichero no solo por este sino porque per se la prestación de servicios de Abogacía lleva implícita la recogida de datos y su ordenación y estructuración.
Evidentemente los datos básicos precisos para la dirección jurídica de un cliente así como los pagos efectuados por la misma, y los productos derivados en forma de sentencias y recursos, son susceptibles de constituir un fichero, como mínimo en papel, que también tiene la cualidad de fichero según se deduce del artículo 3.b) de la LOPD.
En este caso figura el abono de una minuta de pago de honorarios por parte del denunciante en el que figura su nombre y apellidos lo abonado y su DNI, asimismo figura el traslado de la base del IVA incluida en el pago. La minuta debe ser conservada no solo por el que la abona, pues en algunos casos puede ser impugnada, también por la emisora, ya que puede tener que aportarla si Hacienda la requiriese, independientemente del régimen fiscal que tenga por la facturación aplicable ya que el Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas físicas obliga a la llevanza de libros y registros de facturas.
Datos que en este caso se recabaron del denunciante y en relación con el, documentos, y para los cuales se carece, en este caso por el denunciado de inscripción del fichero, es preciso que de acuerdo con la ley, se inscriban los mismos.
Asimismo, es indiferente si los datos se hallan informatizados o en formato papel, pues la LOPD se aplica en ambos supuestos.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a A.A.A. por la infracción del artículo 26 de la LOPD, tipificada como leve, una multa de 1.000 €