Vodafone España SA
Con fecha 22/03/2010 tiene entrada en la Agencia Española de Protección de Datos un escrito remitido por D. C.C.C. en el que manifiesta que VODAFONE ESPAÑA, S.A, le ha dado de alta en un servicio que él no ha contratado, la línea F.F.F., y le están facturando sin haber usado dicho servicio. También ha sido incluido en el fichero Badexcug por la denunciada, aportando documentación al respecto. En los sistemas de VODAFONE consta el denunciante como titular de la línea F.F.F., con fecha de alta 28/05/2009 y baja 13/11/2009. Domicilios y direcciones de contacto: Calle A.A.A., y Calle B.B.B.. La contratación se realizó por el sistema de televenta. VODAFONE aportó copia del expediente en papel que consta en la entidad y que recoge las reclamaciones efectuadas por el denunciante y que incluye fax remitido por el denunciante con fecha 26/02/2010. en el que reclama el alta irregular a su nombre de la línea F.F.F. y su inclusión en fichero de morosidad. VODAFONE ha realizado un tratamiento de los datos personales del denunciante sin su consentimiento al haber quedado acreditado que la entidad imputada trató los datos de carácter personal del mismo en sus propios ficheros, de los que la operadora tiene la consideración de responsable, utilizándolos para emisión de facturas. VODAFONE no actuó en cumplimiento de los deberes que la LOPD impone, por cuando no efectuó comprobación alguna relativa a la línea sobre la cual tenía grabación acreditativa de su contratación, ni cumplió con los requisitos exigidos de ratificación documental de la contratación telefónica exigidos por la normativa, ni llevó a cabo actuación alguna en orden a verificar la titularidad de los datos facilitados en la contratación (llamada de bienvenida, verificación telefónica de la contratación). En el presente caso, se ha comprobado que VODAFONE incluyó en el fichero “badexcug” los datos personales de una persona de la que no ha acreditado contara con el consentimiento para su tratamiento, y sin que existiera una relación contractual que la eximiera del consentimiento y habilitara para tratar sus datos y facturarle por un servicio cuyo impago motivó dicha inclusión, sin que adeudara cantidad alguna. Por lo tanto, también se aprecia infracción del artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la LOPD, por incluir los datos personales de la denunciante en ficheros de solvencia patrimonial y crédito, sin ser deudora de dicha entidad. Este proceder es especialmente grave cuando acontece respecto a ficheros de morosidad por las consecuencias negativas que conllevan para la afectada.. El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la entidad Vodafone España SA, por la infracción del artículo 6.1. de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 50.000€ y por la infracción del artículo 4.3. en relación con el 29.4 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 50.000€.
Compañía de Investigación y Recobro SL
La actividad de Compañía de Investigación y Recobro SL (CIRSL) consiste en la reclamación de deudas en nombre de sus clientes, en la actualidad 12 que generan el grueso de su actividad, los más importantes ENDESA y GAS NATURAL. La relación contractual habitual se rige por un contrato estándar que suscribe con sus clientes, las grandes entidades suelen imponer su propio modelo de contrato.
Los datos de las personas objeto de la actividad de cobro de deuda se hallan en los ficheros que les remiten sus clientes. Algunos por medios telemáticos (EDITRAN, correo electrónico, ftp sobre VPN). Para los clientes que lo deseen existe la posibilidad de acceder a la Web de CIRSL al objeto de poder introducir los datos de los deudores de los que se solicite el cobro. Igualmente, a través de la Web, los clientes de la entidad pueden hacer el seguimiento de los expedientes de reclamación de deuda que tengan encomendada a CIRSL.
Una vez recibidos los datos por cualquiera de las diferentes vías, son incorporados al sistema de información de la entidad, en donde permanecerán activos mientras continúe encomendada la gestión del cobro.
Los periodos por los que se encomienda la gestión de la deuda son variables, dependiendo de lo solicitado por el cliente, siendo normal las encomiendas de entre 3 y 9 meses, aunque pueden encontrarse encomiendas de apenas unas semanas o de más de un año, en el caso de insolvencias en que se realiza un seguimiento a largo plazo.
Normalmente el periodo se establece por contrato, si bien el cliente puede dar de baja una deuda cuando lo desee.
A la ficha de expediente de deuda cada cliente aporta los datos de los deudores que le parecen más oportunos. Figura en ella un campo de fecha de caducidad, la de la finalización de la encomienda de la deuda. Alcanzado dicho plazo se marca la ficha como “cesión finalizada”, si bien se conservan los datos pues posteriormente pueden ser de utilidad si se vuelven a solicitar gestiones de reclamación de deuda sobre ese deudor, o para no reiterar requerimientos de deuda a deudores persistentes.
No hay devolución física de los datos al cliente.
Las carteras de deuda están individualizadas por clientes, si bien se integran todas ellas en el mismo sistema de información. La reclamación de deudas supone habitualmente el completar la información entregada por los clientes por medio de información obtenida de otras fuentes, como el repertorio de abonados al servicio telefónico, búsquedas en Internet mediante Google u otros buscadores, Registro Mercantil Central, etc. Los datos obtenidos por estos medios se incorporan al sistema de información.
La reclamación de deudas es mediante carta, contacto telefónico o visitas presenciales, dependiendo del volumen de la deuda.
Se imputa a CIRSL, como responsable de los hechos expuestos, la infracción del artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que señala que “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados”.
CIRSL, una vez cumplida la prestación del servicio que le ha sido encomendado, debe destruir los ficheros de datos recibidos o devolverlos a su cliente. Esta es su obligación contractual, en el caso de Endesa y Gas Natural está acreditada, y la obligación legal y reglamentaria impuesta por las normas de protección de datos.
En el procedimiento ha quedado acreditado, lo admite la representación de la imputada ante los Inspectores y lo comprueban los Inspectores en el sistema informático de la entidad, que no solo no destruyen ni devuelven los ficheros proporcionados por los clientes para la gestión de cobros, sino que les mantienen en su sistema de información de forma permanente. Datos personales accesibles sin restricciones, no puede decirse que hayan sido cancelados o se mantengan bloqueados en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento, su cliente, si no que están accesibles y a la espera de ser utilizados en cualquier momento por los habituales gestores de esa base informática.
CRSL debió proceder a destruir o devolver a su cliente los datos personales citados o en su caso al bloqueo de los datos cuando su tratamiento dejó de ser necesario, atendiendo a las finalidades para las que fueron recabados entregados, restringiendo su tratamiento a los usos estrictamente recogidos en el citado artículo 22 del Reglamento y en el artículo 16.3 de la LOPD. Por tanto, dichos datos no habían sido bloqueados y se conservaban en el citado sistema de información de la entidad de forma que permitía la identificación de las personas objeto de gestión recaudatoria
El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a Compañía de Investigación y Recobro SL por la infracción del artículo 4.5 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 50.000 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Con fecha 26/04/2010 tiene entrada en la Agencia Española de Protección de Datos un escrito remitido por D. A.A.A. y C.C.C., en el que manifiestan que al cerrar la empresa MUNDO MÁGICO TOURS (en lo sucesivo MMT), y cesar su prestación de servicios, dejaron de pagar el préstamo vinculado al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Los denunciantes se adhieren a la demanda presentada por Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (en lo sucesivo AUSBANC), el 17/07/2008, frente a MMT y frente a BBVA, entre otras entidades, y pese a ello se les incluye en ficheros de solvencia patrimonial y crédito.
Ambos denunciantes aportan el 29/07/2010, copia de la demanda presentada contra BBVA y MMT, así como copia de la oposición a la demanda interpuesta por BBVA.
Además, BBVA no ha acreditado los requerimientos de pago previos a la inclusión de los datos de los denunciantes en los ficheros ASNEF y BADEXCUG, ni su recepción por los interesados o, en caso contrario, motivos por los que no fueron recepcionados.
Se imputa a BBVA en el presente procedimiento la comisión de una infracción del artículo 4.3 de la LOPD, que dispone que: “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.
El artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos para prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue dentro de ellos dos supuestos, uno de los cuales son los ficheros en los que se tratan datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Así, dispone en este sentido, en su apartado 2 el citado artículo: “Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el creedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley”. Y el punto 4 de este mismo artículo 29 de la LOPD dispone también que:”Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”.
La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, abunda en este precepto y considera en su norma primera, “Calidad de los datos objeto de tratamiento”, punto 1: “La inclusión de los datos de carácter personal en los ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, a los que se refiere” ese artículo 29 de la LOPD, “deberá efectuarse solamente cuando concurran los siguientes requisitos: a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada. b) Requerimiento previo de pago a quien corresponda, en su caso, el cumplimiento de la obligación”. Y se añade en el punto 3: “El acreedor o quien actúe por su cuenta e interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en el número 1 de esta norma en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común”.
En el presente caso, los datos de los denunciantes fueron informados a los ficheros de solvencia por BBVA: en primer lugar, al fichero BADEXCUG y, en segundo lugar, al fichero ASNEF, a consecuencia de un saldo impagado derivado del producto: tarjeta de crédito, sin que estuviera acreditado que la deuda fuera cierta, vencida y exigible y respondiera con exactitud a la situación actual (en aquel momento) de los denunciantes y, además, sin que conste que hubiera requerido de pago previamente a las citadas inclusiones.
Este comportamiento, supone por parte de BBVA una vulneración del principio de calidad de datos, recogidos en el artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el artículo 29.4 de la misma Ley, que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.d) de la citada norma.
En el caso examinado, consta que BBVA suscribió con los denunciantes póliza de préstamo personal nº ***N-PRÉSTAMO.1, por un importe de 1.450.000 pts (8.717,68 euros); crédito que fue utilizado en su totalidad para financiar con la empresa MUNDO MAGICO un contrato de prestación de periodos vacacionales; como consecuencia del incumplimiento de este último contrato, AUSBANC interpuso ante el Juzgado de Instancia nº 20 de Madrid demanda contra la empresa MUNDO MAGICO y BBVA , a la que se adhirieron los denunciantes, procedimiento ordinario ****/2008, solicitando la vinculación entre ambos contratos y su ineficacia por incumplimiento de la prestación.
Por tanto, BBVA conocía que la controversia suscitada en relación a la deuda reclamada había sido sometida al conocimiento de los órganos judiciales competentes para resolver este tipo de conflictos, concretamente ante el Juzgado de Instancia nº 20 de Madrid. De tal manera que cuando BBVA dio de alta en los ficheros ASNEF y BADEXCUG las incidencias vinculadas a los datos de los denunciantes, conocía perfectamente que la deuda anotada estaba sometida al conocimiento del citado Juzgado, ya que se había iniciado procedimiento ordinario judicial nº ****/2008, por lo que la deuda informada adolecía del requisito de la certeza, no cumpliéndose los requisitos exigidos por la normativa específica que regula el derecho fundamental a la protección de datos personales.
En resumen, la reclamación planteada por los denunciantes ante el Juzgado ponía en tela de juicio la “certeza” de la deuda, condición esencial para que los datos personales pudieran acceder a un fichero de morosidad; de manera que la deuda en cuestión no era “cierta”, tal y como exige el artículo 38.1.a) del R.D. 1720/2007, circunstancia que era perfectamente conocida por la entidad denunciada.
Este comportamiento, supone por parte de BBVA una vulneración del principio de calidad de datos, recogidos en el artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el artículo 29.4 de la misma Ley.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA por la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 50.000 €
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