Boletín nº4 Abril 2010
 

       
Sanciones a entidades privadas
 

Las sanciones publicadas por la AEPD, corresponden al mes de Noviembre. Durante este período, la Agencia ha abierto 23 expedientes sancionadores.

La recaudación total de la AEPD durante este mes asciende a 960.111,69 €.

 

 

Instituto Médico-Quirúrgico San Rafael, S.A.

La denunciante manifiesta que ha tenido conocimiento de que se han facilitado datos confidenciales de su historial clínico sin su autorización. Adjunta a su escrito un documento del centro denunciado en el que constan los datos personales de la afectada: nombre y apellidos, DNI y domicilio, fechas de ingreso y de alta en el centro, intervención a la que se sometió y facultativo que intervino en la misma. El informe consta emitido a petición de D. B.B.B. Manifiesta también que tuvo conocimiento de este documento porque el Sr. B.B.B. lo aportó a los autos de divorcio, junto con su escrito de contestación a la demanda.

La entidad imputada ha relatado los hechos de la siguiente manera: “D. B.B.B. se presentó en sucesivas ocasiones en la Recepción de IMQSR solicitando que se le emitiera un documento en el que se hiciera constar la información a la que se ha hecho referencia en el párrafo anterior. Tras comprobar el personal de Recepción que no se cumplían los requisitos exigidos en el “procedimiento de recogida, entrega y envío de datos personales, se negó a facilitarle la información solicitada. Tras varias negativas, D. B.B.B. consiguió intimidar a una trabajadora que, de forma excepcional y tras comprobar que el solicitante era conocedor de toda la información que deseaba que se plasmara por escrito y, con el ánimo de no provocar un perjuicio mayor ni para la paciente ni para IMQSR, sino todo lo contrario, con el afán de prestar un buen servicio, accedió a emitir el documento solicitado”.

El deber de confidencialidad obliga no sólo al responsable del fichero sino a todo aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento. El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros, recogido en el artículo 10 de la LOPD, comporta que el responsable o quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos almacenados no pueda revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

En el presente caso, ha quedado acreditado que el Instituto Médico Quirúrgico San Rafael, S.A., vulneró el deber de secreto que le incumbía a tenor del artículo 10 de la LOPD al facilitar datos personales de la denunciada sin su consentimiento incluyendo datos confidenciales de su historial clínico al mencionar la intervención quirúrgica a la que se sometió en el centro médico imputado.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer al Instituto Médico-Quirúrgico San Rafael, S.A., por la infracción del artículo 10 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 60.101,21 €.




Expert Ejecutivos, S.A. (Correduría de Seguros)

Tuvo entrada en la Agencia Española de Protección de Datos sendos escritos de D. A.A.A., en el que declara que firmo un contrato de prestación de servicios con EXPERT para la gestión de la cartera de clientes de ESTUDIO, de la que además es cliente, decidiendo posteriormente EXPERT la rescisión del mismo comunicándolo a ESTUDIO; no obstante, siguió tratando los datos de los clientes de la cartera de esta última, vulnerando la normativa vigente en materia de protección de datos.

Aporta D. A.A.A., un e-mail, de D. A.A.A. (ESTUDIO) a D.D.D. (EXPERT), asunto: recibo devuelto, en el que se señala: “Me habéis mandado una carta a mí. No podéis intervenir en la gestión para nada, ni notificar ni cobrar ni NADA de NADA. Lo tenéis prohibido”.

ESTUDIO al tener conocimiento del tratamiento de sus clientes requirió a dicha empresa que procediera a la devolución de su base de datos de clientes y cesara en dicho tratamiento hecho que hasta el momento no se ha producido.

Consta acreditado que D. A.A.A. en representación de ESTUDIO y D. B.B.B. en representación de EXPERT suscribieron un Contrato mercantil de colaboración; como objeto de dicho contrato se señala que: “ESTUDIO INTEGRAL realiza una cesión de los derechos de cartera a EXPERT para su gestión técnico, comercial y administrativa (producción administración y tratamiento de siniestros).

La cesión afecta exclusivamente a los derechos de gestión sin modificar en modo alguno los derechos de propiedad inherentes a la cartera que seguirá siendo de ESTUDIO INTEGRAL. EXPERT informará a A.A.A. de manera puntual del estado de la cartera de ESTUDIO INTEGRAL.

También consta acreditado que ESTUDIO, en calidad de Responsable del fichero, y EXPERT, en calidad de Encargado del Tratamiento, en fecha, suscribieron un Anexo del contrato anterior señalando que la ejecución de la prestación de servicios acordada entre ambas entidades conllevaba el acceso de la segunda a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos de la primera, por lo que acordaron que los datos de carácter personal a los que acceda el Encargado de Tratamiento para la prestación de sus servicios, serán tratados conforme a las prescritas en el artículo 12 de la LOPD.

El Acta de Inspección señala que a la fecha de finalización del contrato, EXPERT entrego en soporte papel toda la información de los clientes de la cartera de Estudio Integral, SL., no obstante, EXPERT conserva los datos de los clientes incluidos en las carteras de Estudio Integral, SL, para atender obligaciones fiscales y a efectos de atender las posibles consultas de los clientes y las que provienen de la entidad que ahora gestiona la cartera de clientes de Estudio Integral, SL. Los datos están accesibles en exclusiva para el departamento de atención al cliente de EXPERT verificándose que existen tanto pólizas dadas de bajas como otras en situación activa.

En el presente caso, EXPERT no ha acreditado en el procedimiento que cuente con el consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal del fichero de clientes de ESTUDIO, una vez finalizada la relación contractual por la que se le encomendaba la gestión de la citada cartera de clientes. Ha quedado acreditado que EXPERT decidió por su cuenta y riesgo, separándose de las instrucciones pactadas con el responsable del fichero, no devolviendo ni destruyendo los datos de carácter personal contenido en la base de clientes titularidad de ESTUDIO, una vez cumplida la prestación de servicio, al igual que cualquier soporte o documentos en que constara algún dato de carácter personal objeto de tratamiento y, por tanto, vulnerando el artículo 6.1 de la LOPD.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la entidad Expert Ejecutivos, S.A., por la infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 60.101,21 €.




Bar Cafetería El Rincón de Norma

Con fecha de 27 de agosto de 2008 tiene entrada en la AEPD, un escrito remitido por la Policía Municipal de Madrid, adjuntando Acta de la inspección, de fecha 8 de febrero de 2009, realizada por los Agentes de la Unidad Integral de Distrito de Fuencarral, en el establecimiento denominado “Bar Cafetería El Rincón de Norma”. En el Acta de Inspección se manifiesta que, en la planta superior del citado establecimiento, hay una cámara de grabación no habiendo cartel que lo indique.

El titular del establecimiento denunciado es Dª A.A.A. Según la titular del establecimiento denunciado, la cámara se encontraba ya instalada cuando se hizo cargo del establecimiento, siendo utilizada para vigilar la planta de arriba del mismo. Las imágenes son visionadas en un monitor pequeño y no son grabadas.
Asimismo, no consta aportación de documentación alguna, relativa a que el sistema de videovigilancia haya sido instalado por una empresa de seguridad autorizada.

La captación de imágenes a través de videocámaras, como es el caso que nos ocupa, constituye un tratamiento de datos personales, cuyo responsable se identifica, en el presente caso, con Dª A.A.A., titular de la explotación donde se encuentra instalada la videocámara, toda vez que es aquélla la que decide sobre la finalidad, contenido y uso del citado tratamiento. Dicho establecimiento carecía de legitimación para el tratamiento de las imágenes realizando un tratamiento de datos personales sin cumplir la normativa reguladora de protección de datos.

Hay que señalar que las cámaras de videovigilancia aunque no graben, recogen imágenes, lo que en definitiva supone un tratamiento de datos, según lo dispuesto en el artículo 3. c) de la LOPD, donde se define el tratamiento de datos como “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permiten la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloque y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

Así el criterio establecido respecto a esta materia en la LOPD, se complementa con lo dispuesto en el artículo 1 de la Instrucción 1/2006 donde se delimita el ámbito subjetivo de ésta señalando que:

“1. La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras. El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas”.

La AEPD señala que Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de la LOPD. A tal fin deberán:
a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y
b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la LOPD.

En el presente caso, la legitimación para la instalación y uso de sistemas de seguridad en espacios privados procede de la Ley de seguridad Privada, siempre y cuando la prestación de dichos servicios se realice por una empresa de seguridad autorizada por el Ministerio del Interior pero, no existe constancia de que el sistema de videovigilancia del establecimiento denunciado, a fecha de la inspección de la Policía Municipal, hubiera sido instalado por empresa de seguridad registrada como tal en el Ministerio del Interior, ni que la contratación del servicio de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad fuera comunicada a dicho departamento ministerial, por lo que, en consecuencia, el tratamiento de imágenes efectuado en el reseñado establecimiento por la titular del mismo ni cuenta con el consentimiento inequívoco de las personas cuya imagen se capta a través de la cámara instalada, ni, tampoco, está amparado por la LSP por las causas anteriormente indicadas.

Dª A.A.A., como titular del Bar-Cafetería El Rincón de Norma, ha incurrido en la infracción grave descrita ya que el consentimiento para el tratamiento de los datos personales es un principio básico del derecho fundamental a la protección de datos, recogido en el artículo 6 de la LOPD , habiendo tratado datos de las personas que pudieran haber sido captadas por la cámara de videovigilancia sin contar con su consentimiento, lo que supone una vulneración de este principio.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a Dª A.A.A, por la infracción del artículo 6 de la LOPD, tipificada como grave, una multa de 1.000 €.