La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante la AEPD), hizo pública hace unos días su Memoria Anual 2016. A lo largo de la misma se desarrollan todas las actividades realizadas por la AEPD durante el año 2016, las decisiones y procedimientos más relevantes así como las tendencias más destacadas del año y análisis de los retos presentes y futuros en materia de protección de datos.
Que el pasado año 2016 ha sido relevante en lo que a protección de datos se refiere es bien sabido por todos, y así lo indica la AEPD en su nota de prensa del pasado 29 de Junio. ¿Cuáles son los motivos?
1. La aprobación, en mayo de 2016, del Reglamento General de Protección de Datos, que será de plena aplicación en mayo de 2018.
2. El impulso y desarrollo de 113 actuaciones recogidas en el Plan Estratégico 2015-2019 de la AEPD. Esto supone la puesta en marcha el 88% de las iniciativas previstas en el Plan estratégico para 2016, entre las que destacan, la creación de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, el servicio de atención especializado en cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos de menores, los materiales y recursos para fomentar un uso seguro de internet…etcétera.
3. La publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró inválida la Decisión de Puerto Seguro y que afecta a las transferencias internacionales de datos. Esta decisión incrementó en un 475%, respecto de 2015, las solicitudes de autorización basadas en la aportación de garantías contractuales. Las autorizaciones concedidas también aumentaron, concretamente un 362% pasando de 108 en 2015 a 499 en 2016.
A lo largo del año 2016, se plantearon por los ciudadanos 10.523 denuncias y reclamaciones de tutela de derechos ante la AEPD de las cuales 7.935 son denuncias y 2.588 son reclamaciones. Es decir, que mientras las denuncias se han reducido un 6,53% respecto del año 2015; las reclamaciones de tutela de derechos se han incrementado en un 24,30%, siendo los derechos de cancelación y olvido los más reclamados.
Al igual que ocurría en el año 2015, el foco principal de las reclamaciones planteadas ante la Agencia se sitúan en la inserción indebida de ficheros de morosidad y la contratación irregular. Si bien es cierto que a lo largo del año 2016 se ha llevado a cabo la realización de un mayor número de actuaciones investigadoras, se ha visto reducido, en un 22%, el número de denuncias admitidas.
Asimismo, en el 2016 se atendieron casi 237.000 consultas planteadas por los ciudadanos lo que supone, un año más, un aumento respecto del 2015. Los temas más consultados fueron, entre otros, la inscripción de ficheros ante la AEPD, comunidades de vecinos, videovigilancia, derecho de cancelación y derecho al olvido.
Respecto de las infracciones declaradas en el 2016, el importe global de las sanciones económicas ha aumentado un 3,48% respecto de 2015 puesto que a pesar de que el número de infracciones con sanción económica se han visto reducidas en un 21%, los procedimientos de apercibimiento se han visto incrementados en un 16,7% respecto de 2015 y es que son muchas las ocasiones en las que los hechos investigados permiten a la Agencia exigir al denunciado la corrección de la conducta y la adopción de medidas sin que esto suponga una menoscabo de las garantías y obligaciones en materia de protección de datos.
Por otro lado, indicar que la Agencia retomó en el año 2016 las inspecciones sectoriales de oficio, con la realización, entre otras, del Plan de Inspección sectorial de sanidad, la inspección del Sistema de Información de Visados y Schengen.
Importante destacar que un 78% de las Sentencias que fueron dictadas por la Audiencia Nacional respecto de los recursos interpuestos contra resoluciones de la AEPD, confirmaron los criterios de la Agencia en cuanto al fondo del asunto, siendo este el porcentaje más elevado desde 2005.
Por último cabe mencionar un incremento de un 9,8 % en lo relativo a la inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos en el año 2016, que finalizó con más de 4.5 millones de ficheros inscritos, de los que el 96,41% son de titularidad privada y el 3,59% publica.
