Cuando nuestra intimidad digital está en juego: Protección de datos vs. Derecho de información.

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Lunes, 16 Diciembre 2019
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Cuando hablamos de privacidad de un individuo hemos de partir de la base de estar ante un derecho reconocido en la Constitución Española (en adelante CE), concretamente en el artículo 18 y que le atribuye a este la potestad de mantener su intimidad fuera del control de terceros, asegurándose la no divulgación de aquellos aspectos privados e íntimos de su vida. A ojos del presente artículo no podemos dejar de lado la referencia a una de las esferas que configuran esta privacidad y que, con el avance de las nuevas tecnologías ha asumido una importancia exponencial: la privacidad digital. Y es que, desgraciadamente, la falta de la misma en el entorno web, es una realidad que ya está moldeando nuestras vidas.

Es un hecho. El usuario se ha convertido protagonista del llamado Internet Social, es él quién aporta sus contenidos, suministra información y decide qué comparte con terceros. Se configura así el llamado derecho a la intimidad digital, entendiendo, por tal, aquel del que disponen los interesados en lo que respecta a la salvaguarda de sus datos privados en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información, en especial, a la información que circula por Internet.

Pero ¿qué ocurre cuando este derecho es vulnerado por terceros como consecuencia de la publicación, sin nuestro consentimiento, de información que pertenece a nuestra esfera íntima y privada? Es en esta coyuntura en la que se encontró la joven víctima del conocido caso “La Manada” como consecuencia de la exposición web de datos de carácter personal vinculados a su persona.

Entrando en materia, los hechos objeto de análisis en el presente artículo, fueron puestos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) en mayo de 2018 mediante una reclamación en la que se indicaba la difusión de los posibles datos personales de la joven en foros abiertos de Internet. Ante tal información, la AEPD comienza las pertinentes labores de investigación que tienen como resultado, la incoación, contra el medio de prensa digital, “La Tribuna de Cartagena”, de un procedimiento sancionador (PS/00139/2019) como consecuencia de la publicación de un artículo en el que se detallaban el nombre, apellidos, edad y universidad en la que estudiaba la joven y al que acompañaba una fotografía de la misma.

Estos hechos supondrían una infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (en adelante, LOPD 15/99) que dispone que el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

Resulta necesario indicar que la AEPD fundamenta su decisión en la LOPD 15/99 porque los hechos acontecieron en un período en el que dicha normativa aún resultaba plenamente exigible. Aun así, a día de hoy, es por todos sabido que la LOPD 15/99 se encuentra ya derogada por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 3/2018 (en adelante, LOPDGDD); motivo por el cual, en el presente artículo, trataremos de identificar los preceptos de la actual normativa, Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y LOPDGDD, que se corresponden con el artículo de la LOPD 15/99 infringido a ojos de la AEPD.

¿En qué fundamenta entonces la Agencia, la decisión emitida?

Protección de datos y propaganda electoral. Requisitos legales.

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Martes, 10 Diciembre 2019
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Hace unos meses analizábamos en este Blog las repercusiones de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 58 bis de la Ley Orgánica, 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (en adelante LOREG), incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), el cual permitía a los partidos políticos recopilar datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos.

Ahora, y de nuevo tras la celebración de elecciones en noviembre, se ha hecho noticia el derecho fundamental a la protección de datos y su impacto en los envíos de propaganda electoral por parte de los partidos políticos, en esta ocasión por la práctica llevada a cabo por uno de los partidos políticos en pleno fin de campaña electoral, al recurrir como técnica de marketing al envío masivo de sms, dirigidos a dos millones de destinatarios, solicitando el voto de cara a las, ahora ya pasadas, elecciones generales.

Ante esta noticia, no se hizo esperar la correspondiente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y tampoco las declaraciones del partido político cuya técnica de marketing se ha visto cuestionada.

Sin perjuicio del futuro pronunciamiento de la AEPD a este respecto, consideramos conveniente analizar y tratar de dar respuesta a la siguiente pregunta

¿Con qué exigencias han de cumplir esta clase de envíos?

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