Fuente: EFE

Suena el teléfono. Al descolgar se oye un tono y, más tarde, se empieza a escuchar una grabación. Es el cada vez más habitual ‘spam’ telefónico, es decir, llamadas automatizadas, realizadas de forma aleatoria, que pretenden vender un producto o un servicio. Ahora, el Gobierno quiere prohibir este tipo de publicidad, pero al hacerlo incurre en una paradoja: el PSOE está recurriendo al ‘spam’ para venderse de cara a las elecciones europeas. Cuando se apruebe la ley de Competencia Desleal, que ayer anunció María Teresa Fernández de la Vega, estas llamadas del PSOE serán ilegales.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto que considera “desleal” y, por lo tanto, “perseguible”, el ‘spam’ telefónico, así como otras prácticas comerciales agresivas y comportamientos contrarios a la buena fe, la diligencia profesional y aquellos que distorsionen el comportamiento económico de los consumidores. De acuerdo con el Gobierno, se busca “aumentar la seguridad de los consumidores” y proporcionar “seguridad jurídica a las empresas que compiten legítimamente en el mercado”.

Mientras, en el mercado electoral, y ante las previsiones de una alta abstención, el PSOE está utilizando la técnica de las llamadas automatizadas a números privados para promocionar los mítines de José Luís Rodríguez Zapatero y otros actos de campaña.

Este método podría ser objeto de multa para el PSOE de hasta 30.000 euros por afectado, basándose en la Ley General de Telecomunicaciones y el Real Decreto que lo desarrolla. Ahí se recoge, entre los derechos de los abonados a los servicios de comunicaciones, el de “no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de venta directa sin haber prestado su consentimiento previo”. Asimismo, el decreto establece que las llamadas con fines de venta directa que se “efectúen mediante sistemas de llamada automática” sólo podrán realizarse a aquellos que hayan dado su consentimiento previo.

Es evidente que las llamadas del PSOE no tratan de vender estrictamente un producto, la Agencia Española de Protección de Datos interpreta el concepto de “venta directa” en un sentido amplio, como una recomendación para visitar una página Web, llamar a un teléfono o enviar un SMS. No obstante, más allá de que pudiera ser objeto de reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, lo cierto es que ésta puede ser la última campaña electoral con ‘spam’ telefónico, si el Ejecutivo logra aprobar su proyecto de ley en el Congreso con los términos previstos.