Fuente: Faro de Vigo.

Los inspectores comprobaron que en una caja fuerte había dos archivadores con información y fotos, incluso de menores.

Con nombre, apellidos, número de DNI, fecha de nacimiento, dirección y en algunos casos, con menores de por medio, el nombre del padre y de la madre. Unas 2.500 fichas de vecinos del concello coruñés de Sada que la Policía Local guardaba en dos archivadores dentro de una caja fuerte, acompañadas de foto unas y de marcas con diferentes colores otras a modo de un código que todavía nadie ha resuelto. La Guardia Civil descubrió el peculiar almacén en agosto del pasado año durante una investigación impulsada por el responsable local de Réxime Interior y amparada por la Delegación del Gobierno. El escándalo dio la vuelta a España. La Agencia Española de Protección de Datos abrió un expediente y su veredicto es rotundo: el ayuntamiento, como responsable último de los agentes, cometió una infracción grave al crear ficheros de titularidad pública que no se inscribieron, como obliga la ley, en el Registro General de Protección de Datos.

Al tratarse de una administración, la sanción no conlleva ninguna multa. Eso sí, el organismo obliga al concello coruñés a adoptar todas las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir la situación y pondrá la situación en conocimiento del Defensor del Pueblo. La Agencia Española de Protección de Datos no se pronuncia sobre la legalidad o no de los ficheros porque en el proceso “no ha quedado acreditado” que la información recogida era necesaria “para la prevención de un peligro real, para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales”. Aunque la resolución puede recurrirse ante el director de la entidad, en el caso concreto del responsable del fichero, el concello, sólo podrá intentar levantar la sanción en la Audiencia Nacional.

Los inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos intentaron aclarar la situación de los ficheros con varios cargos de la polémica Unidad de Seguridad Ciudadana, encargada de las patrullas nocturnas desde su creación en 1998 durante el mandato del conocido alcalde Moncho Rodríguez Ares para el control de los movimientos juveniles y posibles actos vandálicos, el control de establecimientos que vendan alcohol a menores, seguridad vial y venta y consumo de estupefacientes. Una unidad a la que el actual regidor, Abel López Soto, culpó del almacenamiento de la información desde el primer momento. El jefe de la Policía Local se negó a declarar ante los efectivos que la Agencia envió a Sada, que pudieron comprobar de primera mano la situación de los dos archivos y toda la información que guardaban.

En sus alegaciones, el concello insistió en su absoluto desconocimiento sobre la existencia de las fichas policiales. “Ningún órgano de gobierno de esta Corporación –argumentaba– emitió orden o mandato alguno”. Por eso se considera una “víctima” de la infracción y acusa al jefe de la Policía Local de “una actitud obstructiva”. La oposición, sin embargo, sostuvo que se trataba de un montaje del alcalde por el conflicto existente con el departamento.